Empresarios de Puebla denunciaron la extorsión de la que son víctimas por parte del crimen organizado en la entidad. Esto especialmente a través de cobro de piso, lo cual frena las inversiones en la entidad.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), aseguró a El Sol de Puebla que los hechos de violencia, como el ataque armado al bar Lacoss, son la consecuencia visible de una dinámica criminal que afecta a casi cualquier actividad económica.
Sostuvo que la extorsión y otras prácticas del crimen organizado contra los empresarios de Puebla debilitan la productividad y generan un ambiente de alto riesgo para el desarrollo económico. 
Los pagos exigidos por grupos delictivos van desde 2 mil hasta 40 mil pesos mensuales, cuotas que son impuestas bajo amenazas directas contra los dueños y sus familias.
Empresarios de Puebla son víctimas de la inseguridad y el crimen
Ante este escenario, comercios pequeños y medianos han comenzado a reconsiderar su expansión, mientras que los negocios consolidados operan con incertidumbre permanente.
Las zonas más afectadas —según Rivera— son Puebla capital, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. En estos municipios, negocios básicos deben pagar entre dos y cinco mil pesos al mes, mientras que bares, restaurantes y establecimientos con mayor flujo pueden ser obligados a entregar hasta 40 mil pesos mensuales. Pese a ello, la mayoría de los afectados evita denunciar por miedo a represalias, aseguró Felipe Mendoza Torres, representante del sector restaurantero. “Es un secreto a voces: todos lo saben, pero hablar es peligroso”, señaló.
Además del daño directo a los empresarios, la violencia está afectando la imagen pública de Puebla. Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, alertó que la percepción de inseguridad ya está impactando negativamente el turismo y la llegada de capitales. “Sin seguridad no hay turismo y sin paz no hay desarrollo; si esto continúa, no habrá dinero para nada”, sentenció.
Los dirigentes empresariales exigieron una respuesta inmediata de los tres niveles de gobierno. Insistieron en que la inseguridad no solo está golpeando a los dueños de negocios, sino a toda la economía estatal, que depende del comercio, la industria y el turismo para generar empleos y mantener la estabilidad social. También solicitaron acciones coordinadas que frenen la extorsión, detengan la expansión de los grupos criminales y garanticen condiciones mínimas para invertir y operar sin miedo.
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