El Tren Maya cometió ecocidio y etnocidio, de acuerdo con la sentencia ratificada por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN). El organismo determinó que el megaproyecto en el sureste mexicano violó los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos mayas, tras constatar daños ambientales y socioculturales de gran escala. La resolución, emitida a finales de septiembre de 2025, fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Durante la inspección realizada este año a los tramos 5, 6 y 7, el Tribunal observó afectaciones irreversibles a los ecosistemas de la península de Yucatán. En su informe, el organismo responsabilizó al Estado mexicano por permitir la destrucción de hábitats, la pérdida de conectividad ecológica y la violación de los derechos territoriales del pueblo maya. 
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Daños irreversibles en la selva y los sistemas hídricos
El Tribunal documentó la deforestación de amplias zonas de selva, la fragmentación del territorio, la pérdida de biodiversidad y la interferencia en los flujos hidrológicos naturales, lo que podría causar inundaciones en municipios como Othón P. Blanco y Bacalar. También se identificaron daños graves en manglares, cenotes y sistemas subterráneos de cuevas, donde la obra utilizó maquinaria pesada y pilotes de más de 40 metros de profundidad.
Estos impactos habían sido advertidos desde 2023 por comunidades y especialistas ambientales.
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Violaciones a derechos humanos y expansión militar
El fallo también señaló violaciones a los derechos humanos, territoriales y culturales del pueblo maya. El Tribunal denunció un clima de vacíos legales, violencia institucional y suspensión de derechos, que habría favorecido la expansión de intereses corporativos y de las Fuerzas Armadas en la región.
Además, advirtió sobre el crecimiento del turismo masivo y la ampliación de la red de transporte de carga, que podrían agravar los daños ecológicos y sociales en los próximos años.
La resolución se presentó durante la Semana del Clima en Nueva York, donde el Tribunal instó al Gobierno mexicano a suspender nuevas obras y garantizar la reparación de los daños. Mientras tanto, organizaciones ambientales nacionales e internacionales exigieron medidas urgentes de restauración y respeto a los derechos de los pueblos originarios.
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