El gobierno de Puebla se prepara para enviar al Congreso local, antes del 15 de noviembre, su propuesta de Paquete Económico 2026. La cifra que plantea es clara: 130 mil millones de pesos. Lo interesante no es solo el monto, sino la estrategia para alcanzarlo sin crear impuestos adicionales y con el compromiso de mantener estabilidad financiera.
Paquete Económico 2026 Puebla: Un aumento moderado en un contexto de presión social
El presupuesto crecería 3.1% frente a los 126 mil millones ejercidos en 2025. Aunque el incremento parece modesto, la administración busca que se traduzca en un impacto directo en sectores sensibles como salud, seguridad y educación. El programa IMSS-Bienestar figura como uno de los principales motores de reasignación de recursos.
La tendencia de crecimiento en el gasto público se ha mantenido constante: 119 mil millones en 2023, 121 mil millones en 2024 y 126 mil millones en 2025. Con los 130 mil millones proyectados, Puebla sigue ampliando su margen de acción, pero de forma gradual. 
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El peso de la federación y la apuesta local
Más de la mitad de los recursos (57%) provendrá de ingresos estatales y del Fondo General de Participaciones. El resto (43%) dependerá de la federación. En este punto está uno de los principales retos: si el presupuesto federal destina menos fondos a Puebla, el plan económico local tendrá que ajustarse.
Finanzas bajo control
El gobierno descarta endeudarse en 2026. Las finanzas estatales se sostienen en los refinanciamientos realizados en pasivos y compromisos derivados de proyectos de infraestructura. Esta estrategia permite mantener números positivos y evitar un aumento en la carga financiera.
Prioridad en servicios básicos
Salud, seguridad y educación absorberán más de la mitad del gasto. Según la Secretaría de Finanzas, estas áreas se colocan en el centro del presupuesto porque representan las mayores demandas sociales. El reto será ampliar la cobertura de servicios sin comprometer el equilibrio financiero.
En síntesis, Puebla plantea un presupuesto que combina disciplina y gasto social. Un plan que apuesta por mantener la estabilidad, pero que también depende de las decisiones que se tomen a nivel federal.
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