Diez años de incumplimiento de pensión alimenticia en Puebla

Diez años de incumplimiento de pensión alimenticia en Puebla Diez años de incumplimiento de pensión alimenticia en Puebla
En la última década, Puebla registró más de 300 carpetas de investigación por incumplimiento de pensión alimenticia.

En la última década, Puebla ha registrado 321 carpetas de investigación por incumplimiento de pensión alimenticia, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Este delito afecta tanto a mujeres como a hombres, aunque las cifras indican que la mayoría de las víctimas son mujeres. Los años 2020 y 2024 marcaron los picos más altos, con 44 investigaciones abiertas en cada periodo. La información proviene de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y refleja la persistencia de este problema en la entidad.

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Distribución y evolución de los casos de pensión alimenticia

De los 321 casos documentados entre 2015 y 2025, 240 involucraron a mujeres, mientras que los restantes corresponden a hombres y dos no pudieron ser identificados. El análisis por año muestra que 2020 fue uno de los periodos más críticos: en la capital se iniciaron 24 investigaciones, y municipios como San Andrés Cholula y Teziutlán reportaron algunos casos adicionales.

Tras un descenso en 2021 a 33 carpetas, las cifras repuntaron en 2022 con 41, en 2023 con 35 y en 2024 se alcanzó nuevamente el máximo histórico de 44 indagatorias. Durante el primer semestre de 2025, se han contabilizado 19 carpetas, principalmente en Puebla capital, seguidas por San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan.

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Marco legal y consecuencias

El Código Penal del Estado contempla sanciones para quienes incumplen con la obligación alimentaria. El artículo 354 Bis establece que renunciar al empleo o solicitar licencia sin goce de sueldo con el objetivo de evadir la pensión puede derivar en una pena de uno a cuatro años de prisión.

La ley, sin embargo, también ofrece una vía de regularización: si el responsable paga los adeudos pendientes y deposita tres mensualidades por adelantado al acreedor alimentario, el proceso puede sobreseerse. Esta medida busca garantizar el derecho a la alimentación más allá de la sanción penal.

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