Hacienda busca acceder a tus datos en tiempo real, incluyendo tus actividades en Tinder, y la propuesta ha generado gran polémica desde que se presentó ante la Cámara de Diputados el miércoles 15 de octubre. La iniciativa pretende modificar el artículo 30-B de la Constitución, estableciendo que los prestadores de servicios digitales deben permitir al SAT consultar información en línea y en tiempo real sobre las operaciones de sus usuarios.
Esto incluye plataformas de comercio, streaming, educación a distancia y aplicaciones de citas como Tinder, acercando al fisco a un control más exhaustivo sobre la actividad digital de los mexicanos. 
El objetivo oficial de la propuesta es reforzar el control fiscal, combatir la comercialización ilegal de hidrocarburos y apoyar las estrategias de la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, la medida ha generado alarma en la población, que considera que el gobierno podría invadir la privacidad de los usuarios, observando hábitos de consumo y relaciones personales a través de plataformas digitales, incluyendo los matches y conversaciones en Tinder.
La iniciativa incluye, además, que los servicios digitales prestados por empresas extranjeras sin presencia física en México deberán pagar IVA, ampliando la supervisión sobre estas operaciones.
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Servicios en riesgo y reacciones ciudadanas
Entre los servicios que entrarían en este esquema de vigilancia se encuentran descargas y acceso a contenidos de streaming, plataformas de intermediación entre terceros, clubes en línea, aplicaciones de citas como Tinder y servicios educativos digitales. La propuesta no distingue entre datos relevantes para la fiscalización y la información personal de los usuarios, lo que ha generado desconfianza y cuestionamientos sobre los límites del control estatal sobre la vida privada.
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Tras la difusión de la iniciativa, usuarios en redes sociales señalaron que la medida podría interpretarse como un control excesivo por parte del gobierno, comparando la supervisión con un totalitarismo digital. Algunos mencionaron experiencias previas, como la implementación de la CURP biométrica, como indicio de un patrón de vigilancia creciente, que se presenta bajo argumentos de seguridad y protección ciudadana.
Si bien la intención declarada es mejorar la recaudación y evitar actividades ilícitas, la ambigüedad en la redacción abre la puerta a preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de los ciudadanos. Muchos consideran que, en la práctica, la medida podría implicar un monitoreo constante de la vida digital de los mexicanos, incluyendo sus interacciones en Tinder y otras aplicaciones de citas, afectando la confianza en el uso de plataformas digitales y aumentando la incertidumbre sobre la protección de datos personales.
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