Puebla arrastra deudas por juicios que incluyen a Hylsa en Nuevo León, las cuales superan los 2 mil millones de pesos y se originaron en conflictos jurídicos que permanecieron abiertos durante más de dos décadas. Estos procesos se resolvieron en tribunales de Nuevo León y culminaron en pagos obligatorios para la administración estatal. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo se generaron estos adeudos? ¿Cómo avanzan las negociaciones? ¿Por qué se heredaron compromisos tan elevados? La respuesta se encuentra en una cadena de litigios vinculados con obras que no se realizaron y que, con el paso de los años, se convirtieron en obligaciones financieras acumuladas.
De acuerdo con José Luis García Parra, titular de la Coordinación de Gabinete del estado, los conflictos comenzaron cuando diversas empresas reclamaron indemnizaciones por contratos cancelados o proyectos inconclusos, algunos originados desde el sexenio de Melquiades Morales y extendidos en las administraciones de Mario Marín y Rafael Moreno Valle. La falta de atención oportuna fortaleció los reclamos empresariales hasta que la Suprema Corte confirmó pagos definitivos a favor de las compañías involucradas. 
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Procesos abiertos y empresas implicadas
Las empresas señaladas por García Parra incluyen a Algani Internacional, que perdió un contrato para la autopista Tlaxco-Tejocotal; Melgarejo Construcciones, que reclama 640 millones de pesos pese a haber invertido solo 17 millones; y dos firmas vinculadas con Hylsa Infraestructura e Hylsa Salud. Estas últimas mantienen litigios activos en tribunales de Monterrey, aunque las autoridades no detallaron los montos actualizados.
El funcionario adelantó que el gobierno ya alcanzó un primer acuerdo con una de las cuatro empresas para reducir la indemnización final, el cual será anunciado públicamente en los próximos días. La Consejería Jurídica continúa con mesas de negociación en busca de reducciones adicionales.
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Renegociaciones previstas para 2026
Además de los juicios, Puebla mantiene compromisos anuales derivados de proyectos desarrollados mediante asociaciones público-privadas, como el CIS Angelópolis y la plataforma Audi. El estado desembolsa 753 millones de pesos por la instalación de la automotriz en San José Chiapa hasta 2028 y 270 millones por el CIS hasta 2039.
La experiencia reciente con el Museo Barroco —que quedará saldado con un pago único de 2 mil millones de pesos— abre la puerta a posibles ajustes. Incluso se contempla suspender pagos al CIS si la empresa Alfa Constructores no accede a modificar los 3 mil 240 millones pendientes.
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