El conflicto por el agua en Santa María Zacatepec, Puebla, volvió a escena nacional. El Senado de la República pidió una investigación exhaustiva contra la empresa Bonafont, filial de Danone, tras las denuncias de sobreexplotación de los mantos acuíferos y presunto greenwashing que, según habitantes, ha agravado el deterioro ambiental en la zona.
La propuesta fue presentada por el senador chiapaneco Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México, quien pidió la intervención de las autoridades federales ante lo que calificó como un “caso emblemático de abuso corporativo y simulación ambiental”.
Los pobladores de Zacatepec señalan que la extracción intensiva de agua por parte de la empresa derivó en la aparición de un socavón de grandes dimensiones que afectó tierras agrícolas y viviendas. 
Senado solicita acciones inmediatas
El punto de acuerdo aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado exige medidas concretas a tres dependencias federales: la Conagua, la Profeco y la Semarnat.
A la Conagua se le pidió revisar las concesiones otorgadas a Bonafont y cancelar aquellas que resulten contrarias al interés público y ambiental.
La Profeco deberá atender las denuncias de la población sobre los impactos sociales y ecológicos y certificar que las estrategias de sostenibilidad de Danone contemplen reparación del daño.
Por su parte, la Semarnat deberá elaborar un informe detallado sobre el impacto ambiental de las operaciones de Bonafont y definir medidas de restauración para las comunidades afectadas.
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Críticas por simulación ambiental
El senador Melgar Bravo acusó que Danone utiliza su discurso de sostenibilidad global como una estrategia de marketing, mientras sus filiales operan sin responsabilidad social en México.
“Bonafont representa un ejemplo claro de cómo las grandes corporaciones se escudan en la imagen verde para continuar prácticas que perjudican a la gente y al entorno”, sostuvo.
De acuerdo con datos del movimiento ciudadano de Zacatepec, la planta extraía entre 1.4 y 2 millones de litros de agua al día, a pesar de que la empresa afirma utilizar solo el 0.09% del acuífero local.
Una lucha que sigue viva
El pronunciamiento del Senado revive el movimiento social que en marzo de 2021 llevó a los habitantes de la región del Izta-Popo a ocupar la planta de Bonafont durante más de un año. La protesta concluyó con un desalojo en febrero de 2022, pero marcó un precedente en la defensa comunitaria del agua.
Gracias a esa presión social, el pozo de extracción se cerró y la planta se transformó en un centro de distribución. Sin embargo, las comunidades insisten en que el daño ambiental persiste y que ninguna autoridad ni empresa ha ofrecido una reparación integral.
Con esta nueva intervención legislativa, el caso Bonafont se convierte nuevamente en símbolo de la lucha por el agua y en un llamado urgente para revisar la relación entre las corporaciones y los recursos naturales del país.
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