Más de 150 millones de personas en América Latina viven expuestas a niveles peligrosos de contaminación del aire, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este diagnóstico revela que gran parte de la población regional respira aire que supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa una amenaza directa para la salud pública y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
De acuerdo con el organismo, la contaminación atmosférica provocó 380 mil muertes prematuras en 2019 por causas ambientales y 93 mil adicionales asociadas a fuentes domésticas, como el uso de combustibles sólidos en cocinas o calefacción. Estas cifras, que se han mantenido estables, reflejan que los esfuerzos por mejorar la calidad del aire aún son insuficientes en la región. 
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Salud en riesgo y costos crecientes
La OPS destacó que enfermedades como la EPOC, el asma y el cáncer de pulmón están directamente relacionadas con la exposición prolongada a contaminantes. Además, la revista médica The Lancet advirtió que el propio sector salud contribuye con cerca del 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, generando un doble reto: atender a los pacientes afectados mientras se reduce su huella ambiental.
Por su parte, la revista BMJ Global Health calcula que los costos derivados de una atención tardía pueden ser entre 10 y 60 veces mayores que las inversiones preventivas. La Alianza de Enfermedades No Transmisibles (ENT) estima que el impacto económico de estas afecciones podría superar los 47 mil millones de dólares para 2030, acentuando la desigualdad en el acceso a servicios médicos de calidad.
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Iniciativas regionales y llamado a la acción
Aunque el panorama es preocupante, algunos países de la región han comenzado a responder. Brasil, Chile y Colombia aplican programas de telemedicina, digitalización del primer nivel de atención y uso de inteligencia artificial para detectar enfermedades respiratorias en etapas tempranas. Estas estrategias buscan reducir muertes evitables y fortalecer los sistemas locales de salud.
La OMS y la OPS insisten en que el derecho a respirar aire limpio debe considerarse un principio básico de equidad sanitaria. Lograrlo implica combinar políticas ambientales más estrictas, inversión tecnológica y educación preventiva que permita a las futuras generaciones vivir en entornos más saludables.
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